A la primera información sobre la muerte de un policía le siguió el anuncio de que también fallecieron siete presos, pero horas después el jefe de la Policía Nacional, Carlos Benitez, elevó a nueve el número de detenidos muertos, con lo que la cifra total subió a 10.
Bien entrada la tarde, el forense Pablo Lemir informó de otros dos presos muertos, lo que completa la cifra de 12 fallecidos, un policía y 11 detenidos.
El jefe policial dijo además que la penitenciaría ya estaba “totalmente controlada” y que fueron 700 los detenidos -todos con el torso desnudo y esposados- llevados a otros centros.
“Con firmeza y determinación, hemos realizado una operación histórica y sin precedentes con el fin de construir un país más seguro para nuestras familias”, expresó después Peña en un mensaje televisado.
Aseguró el mandatario que por décadas el penal de Tacumbú se convirtió en un centro desde el que operaban grupos criminales, “planeando asaltos y distribuyendo estupefacientes que envenenan a más de 90.000 jóvenes de Asunción y localidades del departamento Central”.
Uno de los presos a trasladar era Armando Javier Rotela, considerado el líder del llamado Clan Rotela, una organización señalada por las autoridades como responsable de buena parte del negocio del narcotráfico en el país.
Videos publicados por medios de Asunción muestran cuando Rotela se entrega, tras un fallido intento de negociación, en calzoncillos, remera y medias.
La Policía identificó a Martín Mendoza, del Grupo Lince, como el agente muerto en el operativo. Recibió un balazo en la cabeza de un integrante del círculo de seguridad de Rotela, que, aparentemente, usaba armas semiautomáticas.
Reveló la fuerza que además había 36 policías heridos, una docena por armas de fuego y dos de ellos en estado reservado.
Ninguna de las autoridades detalló la causa de las muertes de los presos, pero se sabe que hubo fuertes enfrentamientos hasta llegar a la zona del penal en la que se ubicaba Rotela, donde vivía con su esposa embarazada y tenía muchas comodidades.
El objetivo del operativo que se inició en la madrugada era retomar el control de la penitenciaría nacional y trasladar a privados de libertad a por lo menos ocho cárceles del país, explicó a la prensa el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, citado por la agencia de noticias Sputnik.
«Se incautaron armas de fuego tipo fusiles, escopetas, revólver, pistolas y municiones de distintos calibres, vainas servidas y percutidas, explosivos tipo dinamita en gel y de fabricación casera tipo molotov, armas blancas, sustancias estupefacientes y teléfonos celulares», detalló la Policía.
Nicora precisó que se retiró a cerca de 700 reclusos del penal de Tacumbú para ser reubicados.
Fuera de la cárcel, familiares de los presos, en su mayoría mujeres, reclamaban información sobre ellos, mientras topadoras derribaron varias casillas y puestos de ventas de mercaderías.
Las autoridades dieron por finalizada la operación a media mañana y calificaron como incursión sin precedentes al «Operativo Veneratio», del que participaron unos 2.500 efectivos militares y policiales.
Peña aseguró que con la acción su Gobierno dijo «basta a un modelo penitenciario que convertía a las cárceles en verdaderas escuelas del delito y el crimen», según la estatal agencia IPParaguay.
Previamente, el Gobierno había admitido que la idea de sacar al jefe narco de esa cárcel apuntaba a la «eliminación del sistema de gerenciamiento desde Tacumbú de la distribución de estupefacientes”.
El ingreso de las fuerzas de seguridad se ejecutó cinco días después de una importante requisa, en la que supuestamente actuó personal de inteligencia en el marco de las preparaciones para el operativo de este lunes.
Esta madrugada, los policías accedieron al penal, donde los guardiacárceles fueron los últimos en recibir información, teniendo en cuenta la proximidad que tienen con los reos y ante los hechos de corrupción y connivencia que se denunciaron recientemente, consignó el diario Última Hora.
Peña insistió con la “misión patriótica” que significó el operativo y lamentó la muerte del suboficial Mendoza, “quien con mucho valor y sentido del deber dejó su ejemplo de determinación para seguir luchando contra los grupos criminales”.
El presidente ratificó que su Gobierno está decidido a llevar adelante “un modelo que convenga a toda la sociedad, apoyado por un fuerte modelo de trabajo para la reinserción”, algo que, advirtió, “solamente se logrará descomprimiendo las penitenciarías y limpiándolas de los elementos que las pudren”.
“Vamos a seguir luchando por un Paraguay más seguro y esta acción que estamos llevando adelante es un paso importante para lograrlo”, expresó.
El Ministerio de Justicia, en tanto, anunció que la seguridad de las otras penitenciarías del país fueron reforzadas para evitar posibles motines.
“La seguridad de las otras penitenciarías está siendo reforzada; eso se estableció en la mesa de trabajo; se dejó claro que el problema no es solamente en Tacumbú y que podríamos tener réplicas en otros lugares”, explicó Nicora a la emisora 730 AM.
La población carcelaria de Paraguay es de unas 16.000 personas distribuidas en 18 penitenciarías.
El Clan Rotela es una organización criminal «de alcance nacional, que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones», según el sitio especializado Insight Crime.
El grupo mantiene una puja por territorios con el Primer Comando Capital, de origen brasileño. Una fuerte pelea entre reos de ambas organizaciones dejó nueve muertos en 2019 en la cárcel de San Pedro. Fue la primera vez que hubo decapitados en un penal paraguayo.
En octubre, los reos que responden al Clan Rotela protagonizaron un motín de casi 20 horas y retuvieron a varios agentes, entre ellos al director, Adán Jesús González Álvarez.
El penal de Tacumbú está en un barrio de Asunción, aloja a cerca de 3.000 presos -aunque su capacidad es para 1.500- y es considerado uno de los más peligrosos del mundo.
